Desde la Seccional ANEP- Diversidad expresamos nuestro más firme y categórico rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en las que afirma que Costa Rica ya se encuentra “al día” en materia de derechos de las personas LGBTIQA+ y manifiesta su intención de alejar al país de los espacios internacionales de las Naciones Unidas dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad.
Las afirmaciones realizadas por la señora presidenta no solamente desconocen la realidad que enfrentan miles de personas LGBTIQA+ en Costa Rica, sino que constituyen un peligroso discurso de invisibilización de las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad.
Decir que en Costa Rica todas las personas son tratadas por igual y que gozan de los mismos derechos constituye una afirmación falsa que ignora las múltiples brechas existentes entre el reconocimiento formal de algunos derechos y la realidad cotidiana de quienes integran las diversidades sexuales y de género.
Las personas LGBTIQA+ continúan enfrentando discriminación en los centros de trabajo, en los espacios educativos, en los servicios de salud, en el acceso a la vivienda y en múltiples ámbitos de la vida social. Particularmente grave es la situación que enfrentan muchas personas trans y no binarias, quienes siguen encontrando obstáculos para acceder a empleo digno, atención integral de salud, oportunidades económicas y una vida libre de violencia y exclusión.
Costa Rica aún mantiene importantes deudas con la población LGBTIQA+. Nuestro país carece de una legislación integral que sancione de manera específica y efectiva la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Persisten vacíos en materia de inclusión laboral, protección contra los discursos de odio, recopilación de datos sobre violencia basada en prejuicios y garantía efectiva de derechos para las personas trans e intersexuales.
Mientras otros países han avanzado significativamente en materia de igualdad y reconocimiento de derechos, Costa Rica todavía enfrenta desafíos importantes.
Resulta igualmente preocupante que la Presidencia de la República considere que los derechos humanos, la igualdad y la diversidad son temas secundarios o prescindibles dentro de la agenda internacional del país. Los derechos humanos no constituyen una ideología ni una moda política. Son obligaciones jurídicas asumidas por el Estado costarricense mediante la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Costa Rica y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su liderazgo internacional en la defensa de la democracia, la paz, el multilateralismo y los derechos humanos. Ese prestigio no fue producto de la casualidad, sino del compromiso sostenido de generaciones que comprendieron que la dignidad humana debe estar en el centro de toda acción estatal.
Por ello, genera profunda preocupación que el nombramiento del señor Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas sea presentado públicamente como parte de una estrategia para modificar la posición histórica del país en materia de derechos humanos y diversidad.
Más allá de cualquier valoración sobre su trayectoria profesional o empresarial, preocupa el mensaje político que acompaña dicho nombramiento y la intención expresa de reducir la participación de Costa Rica en espacios internacionales donde se discuten y promueven derechos fundamentales para poblaciones históricamente discriminadas.
Las declaraciones emitidas desde la Presidencia tienen consecuencias. Cuando una autoridad pública afirma que ya no existen desigualdades, invisibiliza las experiencias de discriminación y violencia que continúan enfrentando miles de personas. Cuando se minimizan las luchas por la igualdad, se debilitan los esfuerzos institucionales para combatir la exclusión. Cuando se deslegitiman las agendas de derechos humanos, se envía un mensaje de desprotección a quienes aún enfrentan barreras para ejercer plenamente su ciudadanía.
Como organización sindical comprometida con la justicia social, la igualdad, la democracia y los derechos humanos, ANEP Diversidad rechaza cualquier intento de retroceder en los avances conquistados por las personas LGBTIQA+ y por otros grupos históricamente excluidos.
La defensa de los derechos humanos no puede estar sujeta a intereses políticos coyunturales, cálculos electorales o prejuicios ideológicos. Los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables. Ningún gobierno tiene la potestad de decidir cuáles derechos merecen ser defendidos y cuáles pueden ser relegados al olvido.
Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Costa Rica más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad humana. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que honren los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense, fortalezcan las políticas públicas de inclusión y continúen promoviendo espacios nacionales e internacionales destinados a garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas.
La igualdad real aún no ha sido alcanzada. Negar las desigualdades no las elimina. Por el contrario, las profundiza.
Seccional ANEP- Diversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Costa Rica
