Cabe preguntarse, en consecuencia, si ya hemos empezado a transitar ese perverso trayecto, luego de la decisión intramuros que se dio en el seno del más alto cuerpo político-jurídico del país, la Corte Plena, con ocasión de la cuestionada decisión disciplinaria ya de amplio conocimiento público, sobre la actuación de magistrados de la Sala Tercera en el caso del cementazo.
No vamos a entrar en detalle al respecto pues las diversas manifestaciones que se están produciendo al respecto, nos hablan ampliamente de la gravedad del asunto en cuanto a la erosión de la credibilidad popular y cívica con relación a la transparencia de los más altos jueces de la República.
Nuestro enfoque de este grave problema es complementario del anterior y consiste en lo siguiente. Desde una perspectiva obrero-social, hace rato venimos conmocionados y perplejos por el zigzagueante comportamiento del tribunal constitucional del país, la Sala Cuarta, parte de esa Corte Plena, hace rato en la mira de la desconfianza ciudadana.
Que la Constitución Política del país sea interpretada con base en una línea político-ideológica impuesta según una matriz mediática, nos resulta abominable, incomprensible y hasta peligroso.
Que los altos jueces guardianes de la Constitución, adecuen sus fallos al “diktat” de un periódico, en materia de Negociación Colectiva y de Cesantía, es un golpe profundo al Estado de Derecho que ha venido desmoralizando a toda una generación de profesionales y practicantes del Derecho, quienes todavía no creen que el Derecho de la Constitución se está “interpretando” con base en una línea editorial y con “informaciones” de prensa editorializadas.
Más perplejidad aflora si este tipo de fallos constitucionales son contradictorios entre sí, en la misma materia fallada y en un corto plazo de tiempo; mediando en ambas circunstancias una intensa y sistemática campaña mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de corte anti sindical y contra el principio magno de que la Negociación Colectiva es Ley, pura Ley de la República.
Amplios sectores obrero-laborales jurídico-sociales y sindicales sienten el desarrollo de una tendencia en el seno de la más alta magistratura nacional, ya no solamente de inseguridad con relación al ordenamiento legal que marca el mundo obrero-patronal; sino que hay normas constitucionales que dejaron de ser pétreas al envolvérseles en un papel periódico difusor de odio y de infamia.
La República está enferma. La desigualdad la atormenta. No podemos negar que en nuestro propio mundo de la lucha sindical y social, esa desigualdad es dolorosamente latente.
La enfermedad de la desigualdad que atormenta a la República, es casi una metástasis al saber que en el seno del Olimpo jurídico, la desigualdad es la norma que reina.
La credibilidad en la alta magistratura del país está en descenso, inobjetablemente.
