Luego de que la señora Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, presentara ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario “de la República” para el ejercicio fiscal del año 2019, dos primeras conclusiones fundamentales extraemos luego de las informaciones de prensa al respecto:
Aclaramos que entrecomillamos la frase “de la República” pues lo que conoce y tramita el parlamento es solamente el 40 % de toda la estructura financiero-presupuestaria del Estado; dado que el 60 % restante lo aprueba la Contraloría General de la República (CGR).
Veamos cuáles son esas dos conclusiones fundamentales:
PRIMERA: LOS SALARIOS DEL EMPLEO PÚBLICO NO SON LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT FISCAL. Ajustamos varios años ya, muchos meses y semanas insistiendo en este planteamiento. Los datos duros del proyecto de presupuesto 2019, ¡por fin!, nos dan la razón. Los salarios devengados por los y las policías, no son los responsables del déficit fiscal; ni tampoco el de las maestras y los educadores; ni tampoco el salario del personal judicial; ni tampoco el salario del personal misceláneo, operativo, administrativo, técnico y profesional del Estado central (ministerios y entes adscritos a los mismos, por ejemplo); ni tampoco el salario del personal de los CEN-CINAI ni el salario del personal de los programas sociales a liquidarse en el corto plazo mediante el combo fiscal (por ejemplo, PANI, IMAS, Asignaciones Familiares, IAFA, Inciensa, Dinadeco, Fonabe, Conape, Comedores Escolares y otros)…. Y mucho menos, los salarios municipales.
SEGUNDA: LA DEUDA Y EL PAGO DE INTERESES DE LA MISMA ES LA RAZÓN FUNDAMENTAL DEL DÉFICIT FISCAL. Los datos duros de este proyecto de presupuesto 2019 no dan lugar para fundamentar otra razón como la causa del déficit fiscal: a) 41 % de dicho presupuesto en para tal fin (deuda y pago de intereses); b) dicha deuda y su pago de intereses creció entre 2017 y 2018, en un 52,6 % (pasando de 3 billones de colones a 4.5 billones de colones); c) el 17,5 % de crecimiento entre el presupuesto 2018 y el 2019, precisamente no tiene otra explicación más que esa: deuda e intereses. Los salarios de todos los grupos laborales indicados están ya congelados y van hacia la baja y sus respectivas anualidades van en camino de la extinción total.
Así las cosas, lamentablemente, el estrangulamiento y la asfixia económico-financiera de que ya está siendo víctima el pueblo trabajador y sus familias, nos conducen (parece inevitable) a una conflagración social de insospechadas consecuencias, de lo cual la convocatoria para la Huelga General Indefinida es un anticipo de un doloroso estallido social, muy similar al sufrido por otros pueblos de hermanas naciones de América Latina.
Estallido social provocado por la clase política hegemónicamente dominante y sus principales colectividades partidarias de la actualidad: el tripartidismo PLUSC-PAC. Prefieren la priorización absoluta del pago de la deuda y de sus intereses, vía imposición autoritaria, aunque para ello haya que violar la Constitución Política (como ya lo hicieron); en vez de darle espacio al diálogo nacional político-social y multisectorial en el cual se plantee el desafío de una transformación tributaria estructural que pueda hacerle frente al déficit fiscal con real justicia y constatable equidad.
La impresión fundamental que nos queda es que es el estallido popular y la confrontación social abierta lo que desea promover la parte económico-política hegemónica de dicha clase dominante. Pareciera que ha llegado a su fin la Segunda República…
San José, sábado 1 de setiembre de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General,
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador, Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
