Empresa Alunasa deja plantados a trabajadores en audiencia conciliatoria en el MTSS

Representantes de Alunasa dejaron plantados a trabajadores de la empresa afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la audiencia conciliatoria que se desarrollaría este 30 de noviembre en la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El objetivo de la audiencia, que contaría con la presencia del Viceministro del Área Laboral del MTSS, Ricardo Marín Azofeifa, y la Directora de Asuntos Laborales del MTSS, Adriana Quesada Hernández, era establecer una agenda de trabajo para establecer las fechas en que la empresa venezolana realizaría los pagos de ley establecidos y adeudados a los trabajadores, luego de que esta última anunciara, el 16 de noviembre del 2021, el cierre de operaciones en Costa Rica y el despido masivo de 176 trabajadores.

Esta es la tecera vez que los representantes de la empresa venezolana deja plantada a la seccional ANEP-Alunasa en audiencia en el MTSS, en el marco de lo que debería ser las negociaciones ante la situación que viven los trabajadores.

Dentro de la justificación enviada por la empresa para no asistir a la audiencia, en esta tercera ocasión, es que “aún están realizando los cálculos respectivos por concepto de liquidación y otros aspectos. Además, de que están a la espera de decisiones desde Venezuela.

Sin embargo, para la ANEP esta es otra maniobra de la empresa para eludir sus responsabilidades obreras. Además, ponen en duda el cierre de Alunasa, pues los actuales ejecutivos de esta firma vienen emitiendo señales contradictorias.

Ante esta situación la seccional ANEP-Alunasa solicita una intervención diplomática de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, para generar certeza del vínculo jurídico en la toma de decisiones de los representantes de la empresa en el país con el gobierno de Venezuela.

Para la representación del Ministerio de Trabajo es lamentable la situación, ya que tienen toda la disposición y voluntad de fungir como ente mediador y defensor de los derechos laborales de las personas afectadas.

La ANEP mantendrá todo su apoyo y acompañamiento a los trabajadores de la empresa Alunasa y llegará hasta las últimas instancias para hacer cumplir las responsabilidades de ley.

La ANEP agradece todo el acompañamiento y gestión que ha brindado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante todo el proceso.

Subrac México, Centroamérica y República Dominicana – septiembre 2021

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolló durante los primeros días de setiembre varias actividades en el marco de la reunión anual del Comité Consultivo Subregional de México, Centro América y la República Dominica.

El COVID-19, las élites y el futuro de la economía política de la reducción de la desigualdad en América Latina

Compartimos el artículo publicado en la edición Nº132 de la Revista de la CEPAL, acerca de los efectos de la pandemia COVID-19

Por: Benedicte Bull y Francisco Robles Rivera

Existen diversas opiniones en la literatura sobre cómo repercuten las pandemias en la desigualdad de los ingresos. Mientras que en la literatura económica se sostiene que las pandemias aumentan la desigualdad, la literatura histórica y de las ciencias políticas señala que las pandemias podrían ocasionar quiebres institucionales y, en un contexto de cambios a nivel de las élites y de presiones desde los estratos más bajos, mantener las desigualdades. Tras examinar los datos actuales sobre las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), hemos constatado que se están produciendo transferencias de los ingresos hacia las clases más altas y determinados cambios a nivel de las élites en la región. Sin embargo, dado que las élites han controlado las medidas económicas que se han adoptado para mitigar y enfrentar la crisis, hay pocos indicios de que se esté produciendo un quiebre institucional.  

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Reformar el FMI y el Banco Mundial para una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Por: CSI

Para construir un mundo más fuerte y resiliente a partir de la devastación económica, sanitaria y social causada por la COVID-19, así como las crisis de desigualdad y cambio climático que la precedieron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ir más allá y no quedarse en reformas estructurales guiadas por el fundamentalismo del mercado. Dos nuevos informes hacen una relación de décadas de políticas fallidas que debilitaron el contrato social y han vuelto a los países vulnerables a la pandemia y la crisis económica.

En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales. El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.

“Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.

Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.

De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales. Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.

“La fuga masiva de capitales, las severas cargas de la deuda y los efectos de las políticas fallidas están lastrando a los países en desarrollo en un momento en que necesitan preparar planes de estímulo y reconstrucción inclusivos. Ya es hora de comprometerse a prolongar el alivio de la deuda por dos años suprimiendo las medidas de austeridad como condicionalidad y haciendo coincidir la inversión con los ODS, así como poner fin a las condiciones de los préstamos y al asesoramiento de políticas que promueven enfoques fallidos. Esto es especialmente necesario en los préstamos para la política de desarrollo del Banco Mundial y en los acuerdos de préstamo estándar del FMI que tendrán lugar después de la ronda actual de financiaciones para dar respuesta a las emergencias. Las instituciones financieras internacionales necesitan cambiar algo más que su retórica y concordar sus operaciones con las normas internacionales del trabajo, con políticas más realistas destinadas al crecimiento con prosperidad compartida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación”, afirmó Sharan Burrow.

Geopolítica de la epidemia: La globalización en peligro

Por Andrés Malamud*

La rápida propagación de la pandemia vino a reforzar el poder de los Estados al tiempo que aumenta su interdependencia. Esta paradoja anuncia una globalización “desacoplada”, de la que emergerán cambios sustanciales en la geopolítica mundial.

En noviembre de 2015, la prestigiosa revista Nature Medicine publicó una carta firmada por quince científicos que se titulaba “Un racimo de coronavirus de murciélago tipo SARS exhibe potencial de emergencia en humanos”. La investigación de laboratorio había comprobado que los “murciélagos herradura” chinos eran portadores del virus SHC014-CoV. La frase final del resumen reiteraba la advertencia del título: “Nuestro trabajo sugiere el riesgo potencial de reemergencia del SARS-CoV a partir de virus actualmente en circulación en poblaciones de murciélagos”.

“Yo veo el riesgo de un virus agudo y muy extraño desparramándose por el planeta”, dice Nassim Taleb en la página 317 de mi ejemplar de The Black Swan, publicado en 2010. Relleno en igual proporción de brillantez y engreimiento, el libro de Taleb no es un cisne negro, uno de esos eventos altamente improbables pero de tremendo impacto: es uno más de las decenas de análisis y proyecciones que pronosticaron esta pandemia.

El Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por su sigla en inglés) es el think tank de pensamiento estratégico del gobierno de Estados Unidos. Cada cinco años consulta a decenas de expertos para imaginar cómo será el mundo quince años más tarde. Sus documentos son públicos y están online, En diciembre de 2004 publicó el tercero de ellos, titulado “Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020”. Tiene 123 páginas, y en la número 30 se lee lo siguiente: “El proceso de globalización, por más poderoso que sea, puede resultar substantivamente retardado o detenido. Fuera de un gran conflicto global, que consideramos improbable, otro evento de gran escala que creemos que podría parar la globalización sería una pandemia”.

Maldición, nos avisaron. Pero el documento continúa.

“Algunos expertos creen que es sólo cuestión de tiempo hasta que una nueva pandemia aparezca, tal como la Gripe Española de 1918-1919 que mató unas veinte millones de personas en todo el mundo. Desde las megaurbes del mundo en desarrollo con pobres sistemas de salud (como las de África subsahariana, China, India, Bangladesh o Pakistán), semejante pandemia sería devastadora y podría difundirse rápidamente por todo el mundo. La globalización estaría en peligro si los muertos se contasen por millones en los principales países y la difusión de la enfermedad pusiese un alto al comercio y los viajes globales durante un período extenso de tiempo, obligando a los gobiernos a gastar enormes recursos en los exhaustos sistemas de salud. Por otro lado, la respuesta al SARS mostró que la vigilancia internacional y los mecanismos de control se están tornando más efectivos para contener enfermedades, y los nuevos desarrollos en biotecnología prometen mejoras sostenidas”.

Siendo estos documentos públicos, y teniendo Rusia, China y las potencias europeas sus propios laboratorios y centros de planeamiento estratégico, es inevitable concluir tres cosas. Primero, los tomadores de decisión sabían que esto podía pasar –o, mejor dicho, que iba a pasar–. Segundo, sabían que podían crear herramientas para evitarlo o contenerlo.

Tercero, no hicieron nada.

El lago de los cisnes negros

A veces, lo que antes de ocurrir nos parecía imposible después de ocurrir nos parece inevitable. Éste es el tercer componente de la definición del Cisne Negro (junto con la baja probabilidad y el alto impacto): la predictibilidad retroactiva. El cerebro humano vive para adaptarse y autojustificarse. Hagamos un ejercicio: miremos para adelante sin descartar escenarios.

Las consecuencias políticas de la pandemia dependerán de factores aún desconocidos, algunos biológicos (como la posibilidad de reinfección o la gravedad de la segunda ola) y otros económicos (como la magnitud de la recesión y la quiebra de sectores estratégicos). Pronosticar es fútil, pero prepararse es necesario. Ello no exige adivinar el futuro sino imaginar futuros posibles.

Consideremos tres niveles: la transición del poder global, las instituciones internacionales y la política doméstica. La transición del poder afecta las relaciones verticales entre países que declinan y países que emergen. Las instituciones internacionales moldean las formas en que los países cooperan o compiten horizontalmente. La política doméstica define quién manda, y cómo, en el interior de los países.

La transición del poder ya estaba en curso: Estados Unidos declinaba y China emergía, mientras Rusia sobrevivía y la Unión Europea se achicaba. Al principio, el origen geográfico del virus y el ocultamiento de información por parte de China parecieron contrariar el sentido de la transición. Mientras los líderes occidentales criticaban a Pekín y minimizaban la amenaza del coronavirus, el régimen comunista mostraba dificultades en lidiar con el contagio. Esto duró poco. La implementación efectiva de aislamientos draconianos y la construcción fulminante de hospitales gigantescos suscitaron la estupefacción global. Al mismo tiempo, la actitud indolente de Trump y los espasmos unilaterales de Estados Unidos pintaron en blanco y negro el contraste con China: de un lado, centralización y eficacia, del otro, descentralización y caos. La imagen internacional de cada Estado reflejaba, inicialmente, el grado de efectividad de su organización interna. Días más tarde, el comportamiento internacional contribuyó a ampliar la brecha reputacional. Por un lado, Estados Unidos suspendió sin aviso las conexiones aéreas con Europa mientras intentaba rapiñar la vacuna que se desarrollaba en un laboratorio privado alemán. Por el otro lado, China secuenció la información genética del coronavirus, la compartió online y empezó a mandar cargamentos de equipos y especialistas para asistir a los países occidentales más afectados. Lo que 480 Institutos Confucio distribuidos por el mundo no pudieron hacer, el COVID-19 logró: China llegó a la primera división del soft power, donde los países lideran por su capacidad de atracción y no de coacción.

Es cierto que la primera reacción china reflejó el autoritarismo del régimen antes que la capacidad del Estado. Las autoridades regionales de Hubei escondieron el brote y persiguieron a quienes la denunciaron, mientras el gobierno nacional negaba la crisis. Pero el cambio drástico de estrategia, y la efectividad de su implementación, salen bien parados ante las demoras, titubeos y negaciones de Occidente. A los ojos de quien recibe la ayuda, China aprendió de sus errores y no escatimó solidaridad.

En el primer tablero del poder mundial hay dos actores además de China y Estados Unidos: Rusia y la Unión Europea. Es difícil prever el impacto que tendrá la pandemia sobre la declinante población rusa, aunque algo es seguro: Moscú seguirá siendo un spoiler, un actor con capacidad para arruinar el juego ajeno pero sin capacidad para definir las reglas del juego. La Unión Europea, en cambio, saldrá de esta crisis reforzada o agonizante. A esta disyuntiva también se enfrentan las instituciones internacionales.

En la guerra, el comercio o la investigación científica, los Estados pueden competir o cooperar. La elección de la estrategia depende del objetivo. La creación de bienes públicos, aquellos de los que no se puede excluir a terceros, requiere cooperación. Un ejemplo típico es la estabilidad financiera internacional: todos los países se benefician de ella, incluso aquellos que no participan en su producción. Bajo el liderazgo de Barack Obama, el G20 proporcionó este bien colectivo después de la crisis de 2008. Pero hay bienes colectivos de otra naturaleza: los de club y los de red.

Los bienes de club son aquellos de cuyo uso se puede excluir a terceros. Un ejemplo es la Unión Europea: existen beneficios, como los fondos estructurales o de cohesión, a los que solo acceden los Estados miembros. Pertenecer tiene sus privilegios, y los privilegios generan resentimiento. Externamente, las tres mayores potencias militares del mundo (Estados Unidos, China y Rusia) perciben a la Unión Europea como irrelevante en el mejor de los casos y hostil en el peor. Internamente, la pandemia produjo un efecto ambivalente. Por un lado, llevó al cerramiento de las fronteras nacionales y a la competencia por equipos sanitarios. Por el otro, incentivó la cooperación monetaria para garantizar la estabilidad del euro. Este contraste entre la dimensión política y la dimensión funcional de la cooperación interestatal se replica a nivel global, como veremos en un momento.

Los bienes de red son aquellos cuya utilidad aumenta con su difusión: cuantos más usuarios lo tengan, mejor para todos. El ejemplo típico es el teléfono: no me sirve de nada ser el único que lo tiene. Lo mismo se aplica a las vacunas y a la inmunización en general. No nos resulta indiferente si los demás están sanos: nos conviene que lo estén. Y si el objetivo es que todos tengan algo, la estrategia apropiada es la cooperación y no la competencia. A nivel de los Estados, esto se llamaba multilateralismo. Algunos lo siguen promoviendo, pero sus chances de resucitar son escasas. A su substitución por otra estrategia denomino cambio del poder.

La pandemia vino a reforzar el poder de los estados al mismo tiempo que aumentaba su interdependencia. ¿Cómo se puede ser más fuerte y más dependiente al mismo tiempo? No con la globalización como la conocimos sino, probablemente, con la que viene: una globalización “desacoplada”.

Se vislumbran dos tipos de desacople: el funcional y el político. En el desacople funcional, diferentes políticas se concentran alrededor de diferentes centros gravitacionales. Si la seguridad sigue siendo un asunto eminentemente regional, porque las amenazas físicas se acumulan en las fronteras y disminuyen con la distancia, la economía es un asunto cada vez más global porque las fuentes de divisas, insumos y mercados están distribuidos por el planeta.

Sudamérica torna este desacople bien visible: las amenazas securitarias para la región son el colapso de Venezuela y la consolidación de una red regional de narcocriminalidad, mientras su economía depende de las tasas de interés (fijadas por la reserva federal de Estados Unidos) y del precio de sus productos exportables (subordinado al crecimiento chino).
El desacople político rememora las esferas de influencia de la Guerra Fría. En este escenario, el mundo sigue interconectado pero los países, y no las políticas, se dividen entre dos centros de gravedad: Pekín y Washington. Las esferas no están separadas por muros ni alianzas militares, sino por estándares técnicos y de infraestructura: cada uno con su internet, su 5G y sus normas digitales. Europa todavía tiene la chance de erigirse en tercer polo: después de todo, uno de los dos megafabricantes de aviones es europeo, y Francia es el único país que posee un portaviones de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos. Pero el tren está pasando mientras los europeos pelean en el andén, y algunos ya decidieron subirse a la locomotora china.

Organizaciones internacionales hay de dos tipos: las multipropósito o políticas, como Naciones Unidas (ONU), y las específicas o funcionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). También a este nivel podría producirse un desacople. Las organizaciones políticas fueron poco requeridas o poco competentes, al revés de las organizaciones funcionales. En las organizaciones regionales ocurrió lo mismo: la Comisión Europea fracasó en evitar el unilateralismo de los Estados miembros, mientras el Banco Central Europeo aparece como la única institución que puede evitar el quiebre de la Unión Europea (y la quiebra de sus miembros).

Los cisnes negros se repetirán. Los Estados tienen dos herramientas para nadar en ese lago: la ciencia y la cooperación. Y las vienen usando mal.

Los cuatro jinetes

El cambio político, en el interior de los Estados, dependerá del continente donde el Estado resida. Con pincelada gruesa, puede distinguirse a los cuatro grandes continentes en función de su modelo socioeconómico. En Asia (Pacífico), el individuo se subordina a la comunidad y el Estado planifica la economía. En Europa, los individuos cooperan y el Estado garantiza el bienestar. En América, y esto vale para Estados Unidos tanto como para Brasil y México, el mercado (formal e informal) manda y los políticos se le someten. Así, en China prevalece la razón de Estado, en Europa la cuestión social y en Estados Unidos la lógica económica. ¿Y África?

El continente africano alberga a alrededor del 18% de la humanidad, lo mismo que China o India, pero sólo produce el 3% del PIB global. En 2050 habrá superado el 25% de la población mundial. A esta altura carecemos de información o proyecciones sobre cómo la afectará la pandemia, aunque hay indicios de que el clima, la estructura etaria y la ruralidad podrían mitigarla mientras la deficiente infraestructura sanitaria debería agravarla. La región podría convertirse en una fuente global de inestabilidad o de crecimiento, y quizás la pandemia contribuya a definir cuál predominará.

En Oriente, China incluida, la habituación a las epidemias y la efectividad de la respuesta estatal consolidan el status quo. En Occidente, en cambio, se anticipan profundos cuestionamientos. Los gobernantes deberán responder por su reacción frente a la pandemia pero, sobre todo, por la magnitud de la recesión. Las consecuencias dependerán del ciclo electoral: los líderes que enfrenten elecciones en el corto plazo podrán beneficiarse del “efecto estadista”; los que no, podrían convertir una victoria épica en derrota electoral, como les ocurrió a Churchill en 1945 y a Bush padre en 1992. Con recesión no hay reelección.

Entre enfermar a la población y enfermar la economía, los líderes populistas de Occidente optaron inicialmente por enfermar a la población. Los cuatro jinetes del coronavirus, Trump, Johnson, Bolsonaro y López Obrador, argumentaron que la economía parada provocaría más muertes que el virus. Por presiones sociales y efecto contagio debieron revertir el curso. Las consecuencias sanitarias y electorales del zigzagueo están abiertas, pero vale interrogarse sobra la compatibilidad entre el retorno del Estado –en cuanto aparato burocrático– y la vigencia de liderazgos populistas, que encarnan la representación antes que la eficiencia.

Del aumento de la vigilancia sobre los ciudadanos mucho ha escrito Yuval Harari, de quien todo se recomienda. Quizás lo más relevante sea que la tecnología no llegó para remplazarnos sino para controlarnos. No seremos substituidos por robots sino monitoreados por geolocalización y reconocimiento facial. Y después de la pandemia, menos gente cuestionará la centralización de la información.

Hasta hace poco, algunos observadores temían que la transición del poder alimentara un conflicto militar, mientras otros recelaban lo contrario: el vacío de poder. Vacío es lo que produjo mientras Estados Unidos se replegaba a medida que el coronavirus avanzaba, pero detrás vino China a rellenar el vacío con expertos y equipos. Las elecciones estadounidenses de noviembre podrían restablecer el equilibrio entre las dos potencias. Dada la primacía mundial del dólar, el mundo aún no está listo para prescindir de emisor. El multilateralismo que el planeta reclama será bilateral o no será: sólo dos países son necesarios, y juntos son suficientes, para que el próximo cisne negro nos encuentre a todos más robustos. Pero eso ya lo sabíamos.

Exageran quienes postulan que nada será como antes. Las catástrofes pueden afectar las relaciones de poder, pero la naturaleza del poder es más resistente. Si la humanidad sobrevivió a la expansión digital de Twitter de 140 a 280 caracteres, no será un virus analógico el que la cambie.

ANEP se adhiere a solicitud Latinoamérica denominada “La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y a la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), firmó este martes 15 de abril su adhesión al documento “La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”, la cual solicita a los gobiernos de la región dirigir todos sus esfuerzos económicos, políticos y sociales para atender y controlar la pandemia del Covid-19.

A continuación, el documento que ya ha sido firmado por diversas organizaciones y personajes de la sociedad civil Latinoamérica.  

LA DEUDA PRIORITARIA ES CON LA SALUD DE LOS PUEBLOS

La crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América Latina y  el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, inmediatas. Frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben afirmar sin titubeos la disposición de todas las riquezas y los recursos naturales de titularidad de los pueblos, tal como lo consagran los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22°, C.N.).

Es obligación de los Estados garantizar esa titularidad jurídica para poder atender la emergencia mediante:

  1. La declaración por parte de los Estados del “estado de necesidad” (1)
  1. La suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas,
  1. Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.

Primero, la definición de la emergencia. Luego, los países periféricos deberán generar decisiones -basadas en investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes- que lleven al  necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.

La prioridad es la salud de los pueblos: los recursos deberán estar disponibles para atender en primer lugar las consecuencias económicas y sociales de una crisis cuya dimensión ni siquiera podemos aún cuantificar

LA CRISIS SANITARIA Y LA DEUDA SOBERANA

El problema de la deuda soberana ha sido una limitante permanente a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países. Debe ser asumida como un instrumento de financiamiento con responsabilidad y claridad en relación a los fines para los que fuera destinada. Cuando deja de

cumplir esos criterios se convierte en deuda eterna y solo instrumento para  el parasitismo especulativo,  la exacción usuraria, y las permanentes crisis  de las balanzas de pagos.

La historia reciente de nuestra región corrobora que en medio de crisis económicas y sociales de grandes proporciones, enormes sumas dinero fluyeron -y fluyen- frente a cada vencimiento desde las arcas de los países deudores a manos de sus acreedores, coartando la posibilidad de atender tanto el financiamiento de su necesario desarrollo como sostener sus funciones básicas, como la garantía de salud, alimentación y educación para sus pueblos.

Hoy, cuando la vida de millones de personas en todo el mundo depende de  la capacidad de respuesta universal de una salud pública sistemáticamente atacada durante décadas, queda en evidencia el obsceno sistema  de  valores en cual nos hemos estado moviendo.

Discutir condiciones de desarrollo y distribución de esfuerzos y resultados  de nuestras economías sigue siendo ineludible. Se deben definir las prioridades, los recursos y el financiamiento para satisfacer las demandas  de la sociedad -en el presente y en el futuro-, en forma paralela a un desarrollo equitativo y sustentable.

EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA: SUSTENTABILIDAD EXTERNA

Incluso en medio de la crisis sanitaria es necesario encarar una agenda que permita una solución definitiva al problema de la deuda, de cara al futuro, la que necesariamente debe contemplar:

  1. Retomar iniciativas para el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de “fondos buitre”, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional (2)
  • Impulsar una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías.
  • Encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de paraísos fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos.

CONVOCATORIA

Este documento es un esbozo contributivo para un amplio llamado a la unidad de América Latina y el Caribe en este  momento  crítico.  Está  basado en la convicción de la existencia de un amplio consenso a favor de   la más amplia participación democrática para responder en lo inmediato con medidas urgentes, y en perspectiva con acciones solidarias y propuestas consensuadas acordes a esta grave encrucijada histórica.

Estando en circulación y firma el presente documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dado a conocer su Resolución 1/2020, de extensa fundamentación, ante la pandemia del  COVID 19, cuyo punto resolutivo N° 18, establece: “Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipos médicos esenciales y permitir el gasto público de emergencia prioritaria en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza trasnacional de la pandemia.” (3)

En otros puntos de la Resolución se destaca el carácter imperativo de lo resuelto y su exigibilidad en atención a los principios del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

Los firmantes comunicaremos el presente documento a los tres  poderes  que conforman los gobiernos democráticos latinoamericanos para que las decisiones que se adopten sean tomadas a tiempo, en consonancia con el estado de necesidad que afirmamos.

Notas:

  • En el derecho internacional el “estado de necesidad” es “el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente” (Anexo  Recomendaciones de  Resolución 56/83  de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2001).
  • Entre otros: Principios Básicos de los Procesos Reestructuración de Deudas Soberanas (Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2015; Ley Relativa a la Lucha contra las Actividades de los Fondos Buitres de Bélgica http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/ 54/1057/54K1057005.pdf

PRIMERAS FIRMAS;

Fernanda Vallejos, Eduardo Barcesat, Raúl Zaffaroni, Andrés Asiaín, Horacio Rovelli,, Jorge Marchini, Víctor Carricarte, Rafael Kohanoff, Julio Gambina, Claudio Katz, Rubén Gilardi, Felisa Miceli, Alfredo Calcagno, Julián Domínguez, Jorge Cholvis, José Cárcamo,  Debora Giorgi,  Alberto Gandulfo, Marisa Duarte, Alejandro Otero, Marcelo Mazzón, José Sbatella, Alejandro Rofman, Fernando Porta, Pablo Vommaro, Guillermo Wierzba, Jorge Molinero, Pablo Fucci, Graciela Orfeo, Walter Formento, Carlos Pafundo, Eva Sacco, Alejandro López Acotto, Jorge Motta, Hernán Morero, Mercedes La Gioiosa, Laura Villardebó, Pablo Singerman, Sonia Filipetto, Gabriel Merino, Javier Ortega, J.M. Rinaldi, Hernán Morero, Nora Pizarro, Carlos Martínez, Beatriz Rajland, María Elena Saludas, Luis Messina, Juan Sancartángelo. Damián Uberman, Damián Díaz, J.Calvo, Adrián Muracciole, Juan Ortiz, Germán Saller, Santiago Mancinelli, Germán Saller, Alfredo Iñiguez, Ricardo Koss, Gabriel Chamorro, Mercedes González, Carlos Fidel, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Noemí Brenta, Martín Barletta, Roberto Rojas, Carlos Gutiérrez Morchio, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Martín Barletta, Carlos Fidel, Julián Denaro, Walter Formento, Mireya Baglietto,,Jorge Carpio, Vernal Fritas, Julián Kan, Ramiro Bertoni, Carlos Russo, Víctor Portnoy, Julian Denaro, Magdalena Rua, Mario Rapoport, Sergio Arelovich, Alberto Jozami, Gabriela Golder, Isaac Rudnik, Amado Boudou, Itaí Hagman, Héctor Sosa, Raúl Dellatorre, Gabriela Sharpe, Héctor Fernández, Carlos Minucci, Verónica Mercado, Carlos Raimundi, Pedro Biscay, Leo Bilanski, Tita Ayan, Guillermo Moretti (UIA), Ricardo Carrizo, Margarita Cuenca, Carlos Gonella, Juan Emilio Sala, Héctor Daer (CGT), Eduardo de la Serna, Matías Cremonte, Alberto Letteri, Guido Forcieri, Juliana Di Tulio, Graciela Treber, Milagro Sala, Raúl Noro, Lionel Stiglitz, Sergio Leavy, Alejandro Romero, Graciela Mussi, Mariano Beristain, Juan Cruz Cabral, Jorge Elbaum, Pablo Tigani, Juan Carlos Biani, Hugo Fernández (CEEN), Fabián Autuori, Félix Gibbs, Janet Mehl, Alberto Lettieri, Eduardo Di Cola, Julio Bulacio, Marcos Rebasa (IESO), Diego Penizzotto, Adela Toresano,

Eric Toussaint (Bélgica),

Rosa Marques , Luciano Wexell Severo, Mariana Gouvea, Niemeyer Almeida, Marcelo Alvares de Lima Depieri, Carlos E. Martins, Fabio Barbosa dos Santos , Luis Barbosa dos Santos, Carlos Serrano Ferreira, Alexis Saludjian , Flavia Lessa de Barrios, Judite Stronzake, Bruno De Conti, (Brasil)

Jorge Gonzalorena, Paula Vidal Molina (Chile) Carolina Jiménez (Colombia)

Rafael Heiber ( España) Camille Chalrmers ( Haití)

Josefina Morales, Federico Manchon Cohan, Jaime Preciado Coronado,    Alicia Puyana Mutis, Maribel Aponte García, Darío Salinas Figueredo, Sergio Cortes, Sánchez, México),

Alhe Cáceres (Paraguay)

Aram Aharonian , Ramiro Chimuris, Antonio Elías (Uruguay), Pasqualina Curcio (Venezuela), ,,

ORGANIZACIONES

FUNDACIÓN PROYECTO ECONÓMICO.

FILA (Fundación para la Integración Latinoamericana

CIGES ( Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria) CLAE ( Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico)

SEPLA ( Sociedad Latinoamérica de Economía Política y Pensamiento Crítico) CEEN ( Central de Entidades Empresas Nacionales)- Argentina.

CADTM – AYNA ( Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas)- América Latina. CPI (Corriente Política de Izquierda)

Corriente Sindical Carlos Chile

FISYP ( Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) ATTAC Argentina

LATINDADD – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales)

CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz)

FOCO ( Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos.) AAJ ( Asociación Americana de Juristas) – Rama Argentina

COMMON ACTION FORUM MOTOR ECONÓMICO

CINFIN ( Centro de Integración Financiera)

ENAC ( Empresarios Nacional para el Desarrollo Argentina.

ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados)

Recibidas hasta el 13/04/20 a las 16.00 hs

Se reciben adhesiones en el correo electrónico: edenecesidad@gmail.com

Sindicalismo de las Américas frente a la pandemia

Montevideo, 30 de marzo de 2020

El presente documento recoge una serie de medidas que ya están siendo planteadas por muchas de nuestras afiliadas en diversos países de las Américas en respuesta a la crisis.

Además de las formulaciones políticas de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), es imprescindible considerar el respeto de todos los Derechos Humanos, así como de los principios y derechos fundamentales en el trabajo tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, compartimos la sistematización de las respuestas sindicales a la Encuesta Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el COVID-19, que pueden servir como referencia de nuestra acción.

Es necesario tener presente que más allá de las respuestas urgentes y necesarias, esta crisis, antes de ser sanitaria y de salud pública, es una crisis del sistema económico neoliberal y evidencia el fracaso de sus políticas de reducción del Estado, de las privatizaciones, precarización del trabajo y de los derechos sociales.

Para la CSA, la verdadera respuesta a la crisis tendrá que orientarse en medidas de emergencia de mediano y largo plazo. La pandemia, además de mostrar el fracaso del neoliberalismo, abrirá una disputa sobre el modelo económico, social y político en las Américas y el mundo.

Las acciones de emergencia efectivas para garantizar la vida de las personas solo serán posibles con el abandono del paradigma neoliberal y la intervención estatal, basada en principios democráticos, en diversas áreas.

La opción democrática es la única forma de construir el camino para superar la crisis a mediano y largo plazo, a nivel regional e internacional. Las medidas del combate al virus no pueden ser confundidas con posturas autoritarias que se aprovechen de la situación para profundizar el autoritarismo, la exclusión y el ataque a países que son considerados como enemigos por las grandes potencias.

Defendemos el fin inmediato de los embargos financieros y sanciones económicas impuestas a Cuba y a Venezuela para garantizar la atención de la población en estos países. La CSA considera importante que esta medida sea adoptada en otras regiones del mundo. La defensa de la vida de las personas no puede ser confundida con oposición a gobiernos o sistemas políticos de signo ideológico diferente. Reafirmamos nuestra opción irrenunciable por la Democracia, por el Estado democrático de derecho y la soberanía de pueblos y naciones.

Hoy, los organismos multilaterales y los organismos financieros internacionales deben constituir un fondo mundial para financiar a todos los países para la atención de la población. El FMI, Banco Mundial, el BID, el G-20 deben abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento.

El fin de esas líneas de financiación es la atención a la población, el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, la investigación para vacunas, de materiales hospitalarios, de los kits de pruebas masivas; así como también al abastecimiento de alimentos, de productos básicos de higiene, de vivienda para personas en situación de calle, de la renta mínima, del empleo y salarios para trabajadoras y trabajadores.

Defendemos la inmediata legislación para imponer impuestos a las grandes fortunas, las herencias y la ganancia de las grandes empresas. Especialmente a los capitales especulativos del sector financiero y las guaridas fiscales, que continúan ocultando los dineros de la corrupción, el narcotráfico y otros crímenes en el mundo.

Las empresas farmacéuticas y de la salud que se están lucrando de esta crisis, deben responder a las necesidades de la salud de la población con reducción de precios, atención universal, liberación de patentes, entre otras medidas.

Orientamos desde la CSA a todas nuestras organizaciones afiliadas y fraternas a estar en la línea de frente para enfrentar la crisis, comprometiéndose con estas líneas políticas generales y con las propuestas específicas listadas a continuación.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LA RESPUESTA A LA PANDEMIA.

1. Reforzamiento/activación de los mecanismos de diálogo social tripartito, bipartito, así como otros instrumentos de diálogo social amplio, a fin de garantizar que la definición y el establecimiento de medidas en el marco de la pandemia, sean tomadas con la participación de los sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de proteger los derechos básicos, de vida, trabajo y salud de la clase trabajadora en su diversidad.

2. La Negociación Colectiva es la principal herramienta para garantizar el diálogo. En este sentido, es fundamental garantizar la ultra-actividad de la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada.


3. Garantía de estabilidad de empleo y de salario para trabajadores y trabajadoras a través de políticas públicas existentes, o con la creación de nuevos mecanismos que garanticen el empleo y la renta de trabajadoras y trabajadoras; ya sea en condiciones de formalidad o de informalidad (mecanismo de transferencia de renta directa).


4. Adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, a fin de garantizar el derecho a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, independientemente de sus condiciones de formalidad o informalidad laboral.

5. Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades; bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.

6. En aras de garantizar la estabilidad del empleo y del salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la región la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes. Por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT.

7. Proteger a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo han accedido a una licencia médica en el marco de la emergencia; así como a quienes se encontraban de licencia (médica, de maternidad, de vacaciones, etc.), previo a la crisis.

8. Proveer con todos los insumos necesarios a las trabajadoras y a los trabajadores de la Salud y a la totalidad de trabajadoras y trabajadores, públicos y privados, que están al servicio de nuestros pueblos enfrentando a esta crisis en la primera línea.

9. Garantizar el acceso de la clase trabajadora y de la sociedad en general a la información sobre la gravedad de la pandemia a través de los medios, sin ningún tipo de censura o intervención, asegurando que estos cumplan con su papel de informar para que ello contribuya a la prevención y la garantía de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE REALIDADES DE LA CLASE TRABAJADORA

10. Garantizar la alimentación, higiene y habitación a personas en situación de calle desde un enfoque de derechos y prestando especial atención a quienes forman parte de la población de riesgo. Esto incluye: disposición de hogares de habitación para personas mayores o con enfermedades preexistentes en situación de calle, disposición de espacios públicos e inclusivos de higiene con productos dispuestos a estos efectos (papel higiénico, alcohol en gel, jabón, agua, duchas, lavatorios), distribución de kits individuales de alimentos y agua.


11. Reforzar, retomar y/o implementar planes de distribución de alimentos y de elementos de higiene a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo acceso a fuentes de energía para uso doméstico (cocción de alimentos, calefacción). Es imprescindible una política de control de precios de todos los artículos incluidos en la canasta básica y extenderlo a la regulación de tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), incluyendo la prestación gratuita de estos servicios para los sectores de la población que así lo requieran.


12. Inclusión de las trabajadores y de los trabajadores migrantes, refugiados y refugiadas, así como sus familias en todas las políticas de protección social existentes o que se implementen para atención de la crisis.

13. Reforzar, retomar y/o implementar políticas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia de género y el abuso en niños, niñas y adolescentes que se ven incrementados en situaciones de autoaislamiento y cuarentena preventiva y/u obligatoria.

14. Inclusión de trabajadores y de trabajadoras en condiciones de informalidad y precarización a las políticas y prestaciones ya existentes o que se implementen durante el periodo que dure la pandemia. Los trabajadores y las trabajadoras en condiciones de informalidad están presentes en diversos sectores de actividad: economía de plataforma, trabajo doméstico y economía de los cuidados, trabajadores-trabajadoras ambulantes, comercio minorista, cuentapropistas, entre otros. Esto incluye subsidios especiales, extensión de la seguridad social y protección social (políticas distributivas y no contributivas), reducción y/o congelamiento de tarifas de servicios básicos y acceso a productos de higiene y alimentos.

15. Garantía de salarios para aquellos trabajadores y para aquellas trabajadoras que no presten sus servicios por causa de medidas de auto-aislamiento y cuarentena obligatoria: trabajadoras/trabajadores del hogar, de los cuidados, trabajadoras/trabajadores sexuales quienes se ven obligadas a continuar ejerciendo su actividad para poder alimentar a sus familias y la estigmatización y discriminación de la que son objeto en la sociedad, reforzando su vulnerabilidad.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES NO DEBEMOS PAGAR LA CRISIS

16. Los Estados deben responder garantizando los derechos de la población en general y exigiendo el pago por parte de quienes se han beneficiado históricamente: grandes empresas y capital trasnacional.


17. Las instituciones financieras internacionales deben estar al servicio de las necesidades financieras de los pueblos. La ayuda que otorgan estas instituciones no puede significar un nuevo ciclo de endeudamiento de los países ocasionando restricciones presentes y futuras ni condicionándolos a planes de ajuste estructural.

18. El Estado es responsable por garantizar el acceso a la salud para toda la población afectada y en riesgo. Es urgente incrementar la inversión en salud, tanto en adaptación de infraestructura, compra de insumos de salud e higiene como en el pago de salarios y garantía de condiciones de trabajo dignas para los y las trabajadores/as vinculadas al sector. La reducción del gasto y la privatización del sector deben revertirse como primer paso para enfrentar la pandemia.

19. Es necesario definir medidas de ampliación del gasto público para responder a esta coyuntura que incluyan: subsidios al desempleo; reducciones al pago por alquiler, impuestos o servicios; transferencias monetarias básicas para trabajadoras/es en condiciones de informalidad o precarización, del campo y de la ciudad; subsidios a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar; apoyos a las PyMEs y micro PyMES que garanticen la nómina de sus trabajadoras/es; pago a cuidadoras/es para trabajadoras/es que están en primera línea de atención, entre otras.

20. Las medidas de atención a la emergencia sanitaria, social y económica exigen la suspensión y/o eliminación de las restricciones a la inversión y al gasto social, así como a las reformas fiscales que han sido propuestas y/o impuestas en algunos países.

21. Suspender el pago del servicio de la deuda pública en el contexto actual y, cuando sea necesario, pedir su renegociación por parte de los gobiernos, en condiciones que permitan la autonomía en la definición de políticas públicas hacia el futuro. Por otro lado, con relación a la deuda privada de PyMEs, independientes y trabajadora-trabajadores, ofrecer alternativas de renegociación o suspensión de pago de cuotas, diseñar nuevas líneas de crédito en condiciones de bajo interés y plazos favorables, para los y las más personas afectadas por la crisis.

22. Suspender o revertir las reformas tributarias que han exonerado a las grandes empresas e incrementado los impuestos para la población en general. Es preciso orientar a impuestos directos y progresivos, cobrar impuestos a las grandes fortunas, ganancias y fondos ilícitos, cobrar impuestos a evasores, así como a las empresas transnacionales; de esta manera, se puede financiar la necesaria ampliación del gasto fiscal. La población trabajadora no puede continuar asumiendo el costo del gasto público con impuestos indirectos y regresivos o con rebajas salariales para contribuir a fondos para combatir la pandemia.

23. Es urgente y necesario regular precios y garantizar el abastecimiento y acceso para la totalidad de la población de los productos de la canasta básica. Así mismo, apoyar a pequeños y medianos comerciantes en la venta de producción nacional y la implementación de políticas de compras públicas, lo que contribuye a generar un efecto positivo en la economía en el mediano plazo.

24. Con relación a las empresas transnacionales, renegociar y regular tarifas y regalías, por ejemplo, de telefonía, comunicaciones y energía.

DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD


25. Los sindicatos somos actores de la democracia, representantes de un sector fundamental de la sociedad, vinculados a los centros de trabajo, las comunidades y los territorios y conectados con las necesidades de la población. Nuestro papel frente a la contingencia actual es de primerísimo orden y reclamamos nuestra participación, fortaleciendo los mecanismos de diálogo tripartido y bipartito, así como en otras instancias de participación y diálogo con los demás actores de la sociedad, comprometidos con el enfrentamiento de la crisis.

26. Las Américas son territorios de paz. Las medidas que tomen los gobiernos para frenar la propagación del virus no pueden provocar el aumento de la militarización, violencia y criminalización en los territorios. El aislamiento social es la medida más efectiva para la no propagación del virus, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas no pueden impedir el acceso a alimentos, atención médica, insumos de higiene y otros bienes esenciales durante todo el período en que estén vigentes, por lo que deberá garantizarse acceso seguro y sin consecuencias para la integridad personal de aquellos trabajadores y de aquellas trabajadoras que deba desplazarse.

27. Las fuerzas de seguridad policiales y militares deben ser desplegadas con mesura evitando generar estados de alarma en las comunidades. La presencia de militares y fuerzas de seguridad (públicas y privadas) en la región  están, a menudo, asociadas a situaciones de violencia y operan con impunidad criminalizando protestas y el ejercicio de la libertad de expresión. El aislamiento no puede convertirse en la excusa para profundizar la criminalización de líderes sindicales y sociales. Llamamos a los organismos judiciales y a la comunidad internacional a mantener la observancia sobre las medidas de seguridad pública que puedan atentar contra la libertad sindical y los derechos a la manifestación pacífica, respetando las medidas orientadas por la OMS de no aglomeración para no propagación del virus.

28. La clase trabajadora, en especial en las Américas, tiene un legado histórico de construcción de redes de solidaridad nacional, regional e internacional en épocas de restricción de derechos, libertades y ataques a la democracia. En esta pandemia llamamos a todas las organizaciones sindicales y sociales a unir fuerzas y activar estas redes de solidaridad internacionales pues serán fundamentales para poder sostener a las clases populares en épocas de crisis sanitaria, económica y social.

29. La Central de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), nuestros sindicatos, las organizaciones y movimientos sociales aliados, seguiremos unidos por otro mundo, no solamente posible, sino necesario para un planeta sano para nuestros pueblos en la defensa de avances civilizatorios para la Humanidad.


¡Seguiremos en lucha!

Discurso del Presidente de Argentina en la Cumbre Virtual Líderes del G20

Nos convocamos en un momento único de la historia que nos impone actuar con valentía.


No debemos paralizarnos ni temer. Mucho menos podemos resignarnos.

Tenemos que dar una respuesta creativa en este presente que nos ha tocado en suerte.


No hay lugar para demagogias ni improvisaciones. Enfrentamos el dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente. Nosotros no dudamos en proteger integralmente la vida de los nuestros.

Con esa convición, hemos tomado decisiones en Argentina a partir de la mejor evidencia científica disponible. Así lo seguiremos haciendo.

Quisiera que todos compartan nuestra visión. Estoy convencido que no seremos eficaces si no aceptamos que el mundo ha cambiado para siempre.

Poder sortear esta crisis y enfrentarnos a ese mundo que nace, nos exige diseñar y suscribir un gran Pacto de Solidaridad Global.
Nada será igual a partir de esta tragedia. Tenemos que actuar juntos, ya mismo, porque ha quedado visto que nadie se salva solo.

La urgencia que marcan las muertes, nos obliga a crear un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria que sirva para enfrentar, mejor equipados de insumos, el contexto que vivimos.

La investigación sobre el COVID 19, el conocimiento científico y médico, también debe ser un bien público global.

El tiempo de los codiciosos ha llegado a su fin. Como enseña el Papa Francisco, tenemos que abrir nuestros ojos y nuestros corazones para actuar con una nueva sensibilidad.

Estas decisiones no pueden quedar libradas a la lógica del mercado, ni preservadas a la riqueza de individuos o naciones. Es hora de aprovechar este momento único para crear soluciones económicas tan extraordinarias como extraordinarios son los problemas sociales que atravesamos.

Celebro que el FMI y el Banco Mundial adviertan el ocaso del presente. Celebro que reconozcan lo insostenible de las deudas que soportamos los países más postergados.
Debemos desafiar este presente con el mismo coraje que tuvo este G-20, cuando asumió el daño causado por los paraísos fiscales, por el endeudamiento voraz y por la concentración de la riqueza.

El secreto del futuro pasa por diseñar politicas que resguarden el empleo, la producción y las mejores condiciones de vida usando todas las herramientas económicas para proveer liquidez global.

Como nunca antes, nuestra condición humana nos demana solidaridad. No podemos quedar pasivos frente a sanciones que suponen bloqueos económicos que solo asfixian a los pueblos en medio de esta crisis humanitaria.

Sin mesianismos ni prepotencias debemos iniciar un tiempo de diálogo global que a todos contenga.

De ese modo, la humanidad superará esta pandemia. Pero lo que además logrará es acabar con el vicio de la exclusión social, la depredación ambiental y la codicia de la especulación.

Muchas gracias.

Alberto Fernández
Presidente de Argentina.

La CSA ante la pandemia del COVID-19

Llamado urgente a la acción de los Estados en defensa de las/os trabajadoras/es, la garantía de los derechos y la democracia en actual el contexto de la crisis provocada por la pandemia del nuevo Coronavirus (Covid-19).

Por: CSA

La CSA en representación de sus más de 55 millones de trabajadoras/es en las Américas, llama la atención sobre varios elementos de orden político, social y económico para que la respuesta a la pandemia sea en favor de la población.

El mundo del trabajo se ha visto conmocionado a partir de la llegada del COVID-19. Se ha paralizado gran parte de la producción y con ello, millones de trabajadoras/es en las Américas se ven afectados de una forma u otra por los cambios laborales, muchos de estos enfocados en aspectos económicos y con claras repercusiones en los derechos humanos y laborales. Según la última evaluación preliminar de la OIT, el COVID-19 podría causar que 25 millones de personas queden desempleadas en todo el mundo. Los efectos directos sobre la región aún no están estimados, pero ante un cuadro de recesión económica y de aumento de la desigualdad en los últimos años, es de estimarse que sus consecuencias sean aún más nefastas para las/os trabajadoras/es.

En esa dirección la CSA demanda de los gobiernos la adopción de medidas urgentes a gran escala para mitigar los efectos negativos provocados por la parálisis económica a raíz de las crisis sanitarias generadas a nivel global. Es indispensable la solidaridad internacional coordinada para poder salir adelante y atender la pandemia sin que los más afectados sean los trabajadores/as y los pueblos.

En este sentido desde la CSA, expresamos lo siguiente:

1. La crisis actual encontrará la mejor salida posible si los gobiernos priorizan la vida, la salud, los empleos, los salarios y la protección social de las personas frente a los intereses de las grandes empresas y el capital financiero y fortaleciendo el rol del estado frente a la presión privatizadora sobre los servicios públicos. Igualmente, el Estado debe actuar firmemente frente a las empresas privadas que prestan los servicios de alimentación, salud y otros servicios necesarios e impedir que se imponga el interés de la ganancia, por sobre las necesidades de la población.

2. La CSA demanda la adopción de políticas de tasación de las grandes fortunas, las ganancias y la confiscación de los fondos ilícitos ocultos en las guaridas fiscales en todo el mundo, para atender esta emergencia. Nos oponemos firmemente a las políticas de disminución de salarios, despidos masivos, cierres compulsivos o cualquier medida que ponga a las/os trabajadoras/es a pagar el costo de esta pandemia. Igualmente, sobre la adopción de medidas sin las debidas consideraciones de los impactos económicos, sociales y psicosociales que están ocasionando serias dificultades a las/os trabajadoras/es, como lo son: el teletrabajo, las vacaciones compulsivas, suspensión de jornadas sin goce de salarios, así como el agravamiento de la violencia domestica hacia las mujeres, producto del confinamiento por la cuarentena.

3. Ratificamos nuestra solidaridad con las/os trabajadores/as de la región y del mundo que están enfrentando los efectos de esta pandemia. Asimismo, expresamos la necesidad de colocar en el centro de la respuesta a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como son quienes viven en situación de calle y de pobreza extrema, las/os trabajadores en situación de informalidad, las/os trabajadoras/es domésticas/os, así como las/os trabajadoras/es de la salud, la alimentación, el aseo urbano y de otros sectores que están en la primera línea de lucha frente al virus.

4. Alertamos sobre las tendencias autoritarias y amenazas a la democracia que, bajo el discurso de los estados de emergencia, de conmoción interna y otras denominaciones están siendo adoptados por los gobiernos para enfrentar la crisis, pero que en verdad se traducen en la disminución de los espacios democráticos, los derechos políticos y el ataque a conquistas históricas de nuestras sociedades.

5. De manera especial la CSA denuncia las medidas adoptadas por varios gobiernos conservadores, de tendencias autoritarias y neofascistas, que en diversos niveles de la administración pública (nacional, estadal y municipal) se están aprovechando de la pandemia para adoptar políticas de destrucción de derechos, criminalización de la acción sindical y represión del legítimo descontento social ante los efectos sociales y económicos de la crisis.

6. Reconocemos y acompañamos las iniciativas de algunos gobiernos por atender la crisis con criterios de mayor equidad y justicia. Hacia ellos expresamos nuestra disposición de seguir fortaleciendo medidas de emergencia y políticas públicas permanentes, centradas en la justicia y la inclusión social.

7. Expresamos nuestra solidaridad y alentamos a las organizaciones sindicales en todos los países, que, en condiciones extremadamente desfavorables, mantienen una posición en defensa de los derechos de las/os trabajadoras/es y en contra de aquellos gobiernos y empleadores que pretenden aprovecharse de la crisis para profundizar la situación de precariedad de la población.

8. Desde la CSA acompañaremos las diversas iniciativas sindicales y sociales que se están adoptando para promover la protección de la población y los derechos de la clase trabajadora frente a la crisis.